La Comisión de Protección de Datos (DPC) de Irlanda impuso una sanción histórica de 403 millones de euros a Google por procesar de manera ilegal los datos de ubicación de sus usuarios entre mayo de 2018 y febrero de 2020.
La investigación, que arrancó en febrero de 2020 tras denuncias de organizaciones europeas de defensa del consumidor, determinó que el gigante tecnológico infringió múltiples artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Las fallas se concentraron en tres funciones clave de la plataforma: «Actividad web y de aplicaciones», «Historial de ubicaciones» y «Precisión de la ubicación».
Impacto y privacidad digital
Graham Doyle, subdirector de la DPC, señaló que los datos de localización ofrecen ventajas para los servicios en línea, pero también exponen información altamente sensible y privada. Según el organismo regulador, Google almacenó estos registros durante más tiempo del estrictamente necesario.
Ante esta resolución, la compañía tecnológica dispone de un plazo de seis meses para ajustar sus procesos de tratamiento de datos a la estricta normativa europea y evitar sanciones mayores.
