El Gobierno de Colombia rechazó este martes 5 de mayo el anuncio de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que aseguró haber impuesto “condenas” de hasta cinco años de lo que denomina “prisión revolucionaria” a cuatro funcionarios de seguridad del Estado que permanecen secuestrados desde 2025.
El grupo armado informó que dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía —Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada— deberán permanecer retenidos durante 60 y 55 meses, respectivamente. Según el ELN, ambos fueron “procesados” por pertenecer a organismos estatales a los que acusa de cometer delitos de lesa humanidad.
En ese mismo comunicado, leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental, la guerrilla también indicó que los funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en el departamento de Arauca en julio de 2025, fueron “condenados” a 36 y 32 meses de cautiverio por supuestos delitos de espionaje y perfidia.
“Juicios” sin legitimidad
El ELN utiliza el término “condenas” para referirse a decisiones tomadas en lo que denomina “juicios revolucionarios”, procesos internos con los que intenta justificar la retención de personas bajo sus propias normas.
En los cuatro casos, el grupo aseguró que decidió no aplicar la pena de muerte y otorgar reducciones de tiempo por el comportamiento de los secuestrados durante el cautiverio. También afirmó que reconocerá el tiempo que ya han permanecido retenidos como parte del cumplimiento de esas supuestas penas.
Además, la guerrilla planteó la posibilidad de incluir a los secuestrados en eventuales intercambios humanitarios de prisioneros con el Gobierno colombiano.
Rechazo del Gobierno colombiano
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reaccionó con firmeza al anuncio y calificó la actuación del ELN como ilegítima.
“El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico”, afirmó el funcionario, quien también calificó el hecho como un acto “cobarde”.
El titular de Defensa reiteró que ningún grupo armado tiene facultades para juzgar o imponer sanciones y subrayó que el secuestro no tiene justificación en ningún contexto. Asimismo, envió un mensaje a los familiares de las víctimas, asegurando que el Estado mantiene los esfuerzos para lograr su liberación.
Llamado desde organismos de derechos humanos
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que este tipo de acciones no modifica la naturaleza del delito de secuestro.
La funcionaria enfatizó que, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, la privación de libertad en estos casos debe cesar sin condiciones, por lo que instó al ELN a liberar de inmediato a los retenidos.
Contexto del conflicto en Arauca
El caso ocurre en el departamento de Arauca, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Esta zona fronteriza ha sido escenario de disputas entre el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos irregulares por el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas.
La persistencia de estos grupos ha mantenido elevados niveles de violencia, secuestros y desplazamientos, lo que agrava la situación humanitaria en la región.
Este contenido ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado, verificado y editado por el equipo de Observador Zuliano.
