Este 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) manifestó su rechazo a la naturaleza del reciente ajuste económico anunciado por el Ejecutivo Nacional. Según la central obrera, el incremento del ingreso mínimo integral a 240 dólares no resuelve la crisis estructural, al mantener el salario base estancado y sin incidencia legal.
La organización alertó que el esquema de «bonificación» del ingres, a su juicio, profundiza la precarización laboral, dejando a los trabajadores sin el respaldo de beneficios fundamentales como prestaciones sociales, utilidades y vacaciones.
El conflicto entre el salario base y las bonificaciones
Para la CTV, el principal punto de crítica radica en que el salario mínimo legal continúa congelado en 130 bolívares, una cifra que, frente a la tasa de cambio actual, resulta simbólica. Al depender el aumento exclusivamente de bonos, se rompe la relación histórica entre el esfuerzo laboral y los derechos adquiridos.
Puntos clave del reclamo sindical:
- Falta de incidencia: Los bonos no computan para el cálculo de pensiones ni prestaciones por antigüedad.
- Incumplimiento de propuestas: La CTV había planteado un salario base de 200 dólares para cubrir parte de la canasta básica.
- Precarización: Se despoja al trabajo de su valor real, convirtiendo el ingreso en un subsidio directo sin estabilidad.
«Cualquier política de ingresos que no fortalezca el salario como eje central no garantiza estabilidad ni derechos laborales», sentenció la organización en su pronunciamiento.
Opacidad en la política salarial
El gremio también denunció la falta de transparencia en los anuncios oficiales, señalando que no se ha detallado la división técnica entre el salario y los diversos bonos que componen los 240 dólares anunciados. Esta situación, aseguran, deja en vulnerabilidad a los jubilados y pensionados, quienes tradicionalmente no perciben la totalidad de los complementos que recibe el personal activo.
La central sindical insistió en que la recuperación del poder adquisitivo en Venezuela pasa por una reforma que restituya el valor del salario real frente a la inflación y el costo de la vida.
