La organización no gubernamental Foro Penal actualizó este martes sus registros, contabilizando un total de 473 presos políticos en Venezuela. El informe, con corte al 20 de abril de 2026, destaca que la cifra persiste a pesar de la reciente promulgación de la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno encargado.
Entre los detenidos se encuentran 43 ciudadanos extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad. La organización alertó que el mecanismo legal de amnistía está funcionando de manera restrictiva, dificultando la liberación definitiva de quienes aún permanecen tras las rejas.
Desglose de las cifras de detenciones políticas
El informe detalla una realidad compleja dentro del sistema penitenciario y judicial venezolano, donde la mayoría de los casos aún no cuentan con una sentencia definitiva.
Perfil de los detenidos
- Género: 427 hombres y 46 mujeres.
- Componente militar: 187 efectivos de las fuerzas armadas permanecen privados de libertad.
- Vulnerabilidad: Se registra un adolescente entre los detenidos y dos personas en situación de paradero desconocido.
Situación procesal y medidas cautelares
De los 473 casos, 309 personas se encuentran encarceladas sin condena , lo que representa la gran mayoría de la población bajo arresto político. Asimismo, el Foro Penal subrayó que desde 2014 se han documentado más de 19.000 detenciones por motivos políticos medidas, y actualmente más de 11.000 personas lidian con cautelares, como la prohibición de salida del país.
A pesar de que el Gobierno de Delcy Rodríguez reporta más de 8.000 ciudadanos beneficiarios por la amnistía, el Foro Penal califica la aplicación de la ley como un «embudo» diseñado para ralentizar los procesos de libertad.
La data actualizada ha sido remitida a la OEA y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos , Volker Türk, quien ha insistido en la necesidad de publicar los listados oficiales de los amnistiados. Por su parte, grupos de expresos políticos han denunciado ante la oficina de la ACNUDH en Caracas supuestos retrasos sistemáticos y la negación de solicitudes para acceder a los beneficios de esta ley.
