Un memorando oficial divulgado este martes 2 de diciembre de 2025 confirmó que el Gobierno de Donald Trump suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y de residencia permanente para ciudadanos de 19 países catalogados como de alto riesgo: Haití, Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La decisión, adelantada días atrás en redes sociales por Joseph Edlow, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), amplía las restricciones de viaje anunciadas en junio, cuando se prohibió la entrada de ciudadanos de 12 naciones y se limitó el acceso a otros siete por motivos de seguridad nacional.
Revisión de inmigrantes ya establecidos
A diferencia de las medidas anteriores, que no afectaban a quienes ya residían en Estados Unidos, la nueva directiva ordena un escrutinio más severo para todos los inmigrantes provenientes de esos países, sin importar su fecha de llegada. El USCIS indicó que se realizará una revisión exhaustiva de quienes ingresaron desde el 20 de enero de 2021, con entrevistas adicionales y posibles remisiones a otras agencias. En un plazo de 90 días se elaborará una lista prioritaria de casos.
Contexto de seguridad
El endurecimiento de la política migratoria ocurre tras el ataque contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington, que dejó un muerto. El principal sospechoso es un ciudadano afgano llegado durante las evacuaciones posteriores a la retirada de tropas en 2021, quien se declaró no culpable de asesinato.
El memorando subraya que el USCIS “tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos” y advierte sobre los riesgos de evaluaciones rápidas sin verificación adecuada.
Críticas por castigo colectivo
La semana pasada, la agencia ya había anunciado la revisión de solicitudes de residencia de personas procedentes de países “de interés” y la suspensión de decisiones sobre asilo. Paralelamente, el Departamento de Estado detuvo la emisión de visas para afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses.
Organizaciones de derechos humanos y críticos de la medida consideran que estas acciones representan un castigo colectivo contra comunidades enteras de inmigrantes, al someterlos a restricciones y procesos más severos por su origen nacional.
Agencias






