Más de 250.000 venezolanos pierden su protección TPS y quedan expuestos a la deportación

La protección migratoria para más de 250.000 venezolanos en Estados Unidos expiró el pasado viernes 7 de noviembre, tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido en 2021. La medida, que pone fin a la posibilidad de residir y trabajar legalmente, es resultado de una decisión impulsada inicialmente por la Administración Trump y ratificada por la Corte Suprema.

La cancelación sumerge a miles de familias en un limbo migratorio, enfrentando la amenaza inmediata de detención y deportación.

Ilegalidad y riesgo inminente

El abogado migratorio Haim Vásquez advirtió que, al perder el estatus de TPS, los venezolanos quedan sin ningún tipo de amparo legal en el país.

“En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso judicial para ser removidos del país”, alertó Vásquez.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ya ha señalado en su portal web que quienes no posean otra base legal para permanecer en el país deben prepararse para un posible regreso.

Consecuencias inmediatas

La pérdida del estatus migratorio implica un impacto severo e inmediato en la vida cotidiana de los migrantes:

Pérdida de Empleo: Los afectados ya no pueden trabajar legalmente, lo que ha provocado el despido de numerosos trabajadores que no pudieron renovar sus permisos.

Documentación Esencial: Se pierden documentos clave como licencias de conducir y seguros médicos.

Vulnerabilidad Extrema: Quedan expuestos a operativos de remoción y separación familiar.

Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, subrayó que el impacto es humano: “No se trata solo de papeles; se trata de la vida cotidiana de las personas, de su estabilidad, de su derecho a mantenerse junto a sus familias”.

Vías alternativas y la excepción

Los expertos indican que la incertidumbre ha llevado a muchas familias a buscar alternativas legales. Aunque el asilo político sigue siendo una opción, no todos los solicitantes cumplen los estrictos requisitos de la ley migratoria.

Solo un grupo reducido de personas que renovó su registro entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 conservará su documentación y permiso de trabajo hasta octubre de 2026.

Mientras los procesos judiciales que cuestionan la decisión podrían extenderse durante meses o años, la mayoría de la comunidad enfrenta opciones limitadas y una profunda preocupación.

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